Protocolo para actuar frente a la violencia en la infancia y adolescencia en al ámbito sanitario


Este protocolo ha sido elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños/as y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA), bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, y en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas y otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia y la adolescencia. Además, ha sido revisado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Su objetivo no es otro que homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida.


Así pues, va dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, y a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.

Aborda la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, entendida, según queda definida por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia (LOPIVI) como "toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere en su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independiente de su forma y medio de comisión incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital".

        https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/docs/Infografia_CoViNNA_afectasalud_todalavida.pdf

Este protocolo ha sido creado por la importancia actual del tema, ya que en España hay cifras oficiales, provenientes del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 tuvo 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños/as y adolescentes. 

La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de salud pública. La violencia y sus consecuencias se puede prevenir o atenuar a través de medidas sistemáticas basadas en la evidencia científica, entre las que se encuentran garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios.

Para contribuir desde el ámbito sanitario a la prevención de la violencia, este protocolo se dirige a reducir la prevalencia de factores de riesgo (prevención primaria), a través de la valoración del riesgo psicosocial, que incluye la valoración tanto de las Experiencias Adversas en la Infancia (EAI) como de las Experiencias Beneficiosas en la Infancia (EBI), permitiendo visibilizar y valorar las vulnerabilidades y fortalezas de los niños/as y adolescentes y su entorno, así como facilitar la identificación precoz de situaciones de riesgo de violencia (prevención secundaria), y la puesta en marcha de los apoyos necesarios para corregir o atenuar estas situaciones de riesgo de una manera integral y coordinada (prevención terciaria). Además de otras intervenciones para abordar el riesgo y prevenir la violencia.

 
            
El abordaje integral de la violencia se inicia en el momento de su detección o sospecha. Los servicios sanitarios son un ámbito privilegia para esta detección debido al contacto frecuente y cercano con los niños/as y adolescentes y sus familias. Pero para que esto sea posible las y los profesionales sanitarios deben estar formados en la detección de indicadores de sospecha de cada tipo de violencia: emocional o psicológica, sexual, trata y explotación infantil, negligencias...

Una vez detectado un posible caso es imprescindible llevar a cabo una minuciosa historia clínica y social, así como realizas las pruebas y test necesarios para llevar a cabo un diagnóstico diferencial preciso que descarte o confirme la sospecha. Si se confirma, será necesario realizar una valoración tanto de la gravedad clínica de las lesiones y el riesgo vital que estas conllevan, como la seguridad o riesgo de desprotección de los niños/as y adolescentes que va a dar lugar a la adopción de un procedimiento urgente u ordinario.

En este documento también se detalla y explica el proceso de notificación, incluyendo cuándo, a quién y cómo de debe realizar. El objetivo principal es cumplir con el deber de comunicación cualificado que está establecido en la LOPIVI. Este deber especial recae en aquellas personas que, debido a su cargo, profesión, oficio o actividad, tienen la responsabilidad de asistir, cuidar, enseñar o proteger a niños/as y adolescentes.

En cuanto a la intervención y seguimiento, se establecen recomendaciones esenciales para brindar atención terapéutica, multidisciplinar, adaptada y especializada, en espacios amigables. Esta atención, con independencia del proceso judicial que pudiera derivar de los hechos, debe ser pública, gratuita y universal, y cumplir con la legislación correspondiente. La actuación se guía por el interés superior de los niños/as y adolescentes, garantizando su derecho a la salud, vida y desarrollo pleno, y protegiendo su derecho ano sufrir ninguna forma de violencia o abuso. También es importante tener en cuenta que los niños/as y adolescentes que ejercen violencia también necesitan atención especializada. 

Todo el proceso de detección, valoración, atención, seguimiento y recuperación a personas menores de edad víctimas de violencia se ha de realizar por un equipo compuesto, al menos, por profesionales de medicina, enfermería y trabajo social sanitario (TSS), en colaboración con otros/as profesionales o unidades especializadas, especialistas forenses, de psicología y/o del ámbito de la protección y la justicia, cuando proceda.

Es necesario homogeneizar y sistematizar el registro en la historia clínica electrónica, asegurando la confidencialidad, para facilitar el seguimiento del caso y obtener los datos sobre la prevalencia de casos de violencia en los niños/as y adolescentes, lo que permitirá una adecuada monitorización y evaluación tanto del problema de salud pública en general como de este protocolo en particular.

                                                                    

Para un adecuado abordaje de la violencia, es necesario establecer canales de comunicación y coordinación, tanto dentro de las instituciones sanitarias, como entre ellas y con otras instituciones que participan en el proceso  como son por ejemplo los servicios sociales. Por tanto se recomienda establecer procedimientos para asegurar la coordinación entre los profesionales de las administraciones públicas competentes, que redunden en una mejor asistencia y una protección eficaz en las situaciones de riesgo de la violencia y desamparo o desprotección y evitan la revictimización o victimización de los niños/as y adolescentes a los que se atiende.

Consulta aquí: el protocolo completo  y todas las infografías.                                                  

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